El problema es sencillo de entender. Yanacocha, conforme a su política de dar preferencia de contratación a las empresas locales y a solicitud de las autoridades municipales de la zona, contrató a la compañía Ciatsa S.R.L. para la ejecución del proyecto de la carretera afirmada San Antonio Totoracocha en beneficio de esa comunidad. Ciatsa a su vez, también en cumplimiento de la política de Yanacocha de contratar preferentemente personal de la localidad, seleccionó sus trabajadores entre los vecinos del lugar.
Hasta allí todo bien. Lamentablemente, Ciatsa tuvo problemas. Por una serie de desaciertos administrativos y financieros esa empresa comenzó a incumplir sus obligaciones con sus trabajadores y proveedores. Luego de varias comunicaciones de Yanacocha para que la contratista corrigiera su situación, la mina decidió “intervenirla” una vez más. La “intervención” es un procedimiento común de Responsabilidad Social previsto en los contratos de la compañía minera para proteger los pagos a trabajadores y proveedores que adeudan las contratistas incumplidas.
En esas andaba la cosa cuando a algunos acreedores de Ciatsa se les acabó la paciencia y decidieron embargar los dineros de la contratista por incumplimiento de pago. El procedimiento es sencillo: el acreedor acude a un Juzgado y solicita una Medida Cautelar a fin de asegurar su cobranza. El Juzgado, por su parte, ordena a Yanacocha que cualquier saldo que tuviera a favor de la empresa demandada sea depositado en el Banco de la Nación hasta por un monto determinado.
Se acabó. Eso fue todo. Ciatsa –a pesar de todos los esfuerzos de buena voluntad de Yanacocha para que cumpliera con pagar sus deudas- fue embargada, y tanto sus trabajadores como los proveedores impagos que confiaron en la corrección de los dueños y funcionarios de esa empresa contratista se quedaron en el aire.
¿Tienen derecho a reclamar los trabajadores? Por supuesto. Ellos tienen todo el derecho de exigir su pago a Ciatsa. Pueden denunciar el caso al Ministerio de Trabajo y eventualmente iniciar una demanda en el Juzgado correspondiente. También pueden acudir al Juzgado donde se efectuaron los embargos contra su empleador e interponer una “tercería” para ser considerados en el destino final del dinero embargado.
Entonces ¿Por qué los trabajadores le reclaman a Yanacocha? Simple. Porque los mismos representantes de la contratista, en vez de asumir su responsabilidad, les dijeron a sus trabajadores y proveedores que no podían pagar sus deudas porque Yanacocha no les pagaba a ellos. Como siempre, dijeron una verdad a medias. La verdad completa es que la empresa minera no les podía pagar porque debido a sus incumplimientos ellos fueron embargados judicialmente por sus mismos proveedores.
Además, porque lamentablemente en nuestro país y en nuestra ciudad la población prefiere resolver sus problemas por medio de la violencia en vez de recurrir a los canales y las instituciones correspondientes. A los pobladores de la zona, en esta oportunidad, les pareció más cómodo y eficaz secuestrar trabajadores y máquinas de otra empresa cajamarquina para intentar extorsionar a la compañía minera y que ésta les pague lo que no les pudo pagar su empleador Ciatsa. Mala cosa.
El conflicto no quedó allí, como ocurre cuando se comete cualquier delito –y secuestrar personas y bienes es uno de los crímenes más graves-, intervino la policía. Los secuestradores, junto a los revoltosos y azuzadores en vez de retirarse del lugar optaron por enfrentarse con violencia a las fuerzas del orden. El resultado: contusos, mal heridos y detenidos en la cárcel.
Si el problema es tan claro ¿Por qué los “ecologistas” –como siempre- se apresuraron a culpar a Yanacocha? Porque así es su naturaleza: ellos aman las verdades a medias. Son personas que retuercen la realidad, le dan la forma que quieren y la presentan como mejor acomoda a sus intereses. Para la enrevesada lógica “ecologista” la culpable de que Ciatsa no pague sus deudas es la mina “incumplida” que se niega a cancelar un dinero que no debe. La responsable de que haya heridos es la Policía “abusiva” que no se deja golpear por los revoltosos cuando éstos la atacan. Y la ley es ciega y parcializada porque no se da cuenta de que los "pobrecitos campesinos" no sabían que secuestrar personas y apropiarse de máquinas ajenas es un delito grave.
Como siempre, la realidad es más interesante, compleja y sabrosa que una simple mentira. El caso Ciatsa y el enfrentamiento de sus trabajadores con la policía está plagado de verdades a medias hábilmente manipuladas por los “ecologistas” de siempre. Pero ¿Por qué algunas personas todavía les creen? Fácil. Lo decía mi abuela cuando algún pillo mentiroso engañaba a la gente y ésta no se daba cuenta: “es que el diablo siempre esconde la cola”.