Una comuna ubicada en el Cantón de los Grisones, Suiza, alberga cada año a las elites sociales y económicas del mundo para fomentar el debate y los contactos políticos y empresariales que orientarán el rumbo de la economía mundial en el futuro inmediato. Davos, la meca de los deportes de invierno, se convierte así cada enero desde 1970 en el centro de la integración económica mundial que identifica las tendencias en temas como la economía, la política, las áreas sociales y culturales, así como los problemas que afectan el desarrollo comercial de las corporaciones y las naciones.
El tema central de la edición 2004 del Foro Económico de Davos, en el que participaron más de mil doscientas personas incluyendo a 31 jefes de estado, fue “Asociarse para la Prosperidad y la Seguridad”. En aquella ocasión, el punto más importante de la agenda para esta parte del mundo, Sudamérica, fue la determinación de medidas firmes para enfrentar la corrupción globalizada.
¿Por qué las corporaciones y los países más ricos del planeta habrían de preocuparse por la corrupción en el Perú? Simple. Porque la corrupción genera pobreza. Y al contrario de lo que creen ingenuamente algunas personas, más allá de las consideraciones altruistas y humanitarias, a ninguna empresa transnacional o país industrializado le interesa que nosotros seamos pobres, por la simple y egoísta razón de que sin dinero no podemos integrarnos al mercado para comprar sus productos, y ellos, como cualquier bodeguero de la esquina, nos prefieren como consumidores prósperos y ricos, y no como mendigos llorones y miserables.
La corrupción es uno de los problemas más graves y enraizados en nuestro continente. Recordemos que desde la época de la conquista, con honradas excepciones, a la colonia se venía a robar, y que todo tenía un precio: desde los títulos de nobleza hasta el color de la piel. Con las Cédulas de Gracia de la corona, los mestizos podían blanquearse por un módico precio y, aunque algo más caro, los negros también podían convertirse en blancos, lo cual era una condición imprescindible para estudiar en la universidad.
Por otro lado, los empresarios y los políticos latinoamericanos, también con destacadas excepciones, descubrieron desde hace siglos que el poder político y económico se retroalimentan: el poder económico da poder político y éste a su vez multiplica las oportunidades de hacer negocios y obtener mayor poder económico. Un círculo vicioso perfecto.
La corrupción y el soborno global mueven millones. Sólo como ejemplo, según una cita del periódico español El País, el ensayista Alfredo Barrenechea estimó que a lo largo de la década fujimorista se destinó un 15 por ciento del Producto Bruto Interno peruano a enriquecer amigos y arruinar enemigos. Una cifra difícil de imaginar: cerca de ocho mil millones de dólares. No por nada se le ocurrió a Álvaro Vargas Llosa crear el Museo de la Corrupción en el Perú. De hecho, en el país nos sobra material para llenar más de un museo de ese tipo. Quizá podamos colmar uno por cada región.
A nivel global, según los cálculos del Banco Mundial, los actos de corrupción equivalen al 5 por ciento del Producto Bruto Interno mundial y la mala gestión pública y la corrupción pueden llegar a ser el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de las naciones al debilitar el estado de derecho y el acceso de los más necesitados a los servicios básicos. Entonces, luchar contra la corrupción global es aportar al crecimiento económico mundial sostenible y brindar oportunidades para que cientos de millones de los más pobres del mundo escapen de la pobreza y mejoren sus vidas.
Así lo entendieron los participantes del Foro de Davos 2004 y por ello crearon la “iniciativa PACI” (Principios de la Alianza Contra la Corrupción para Combatir el Soborno), por sus siglas en inglés, para llevar a la práctica la lucha empresarial corporativa contra la corrupción global. Las empresas firmantes de la iniciativa se comprometieron a cumplir los citados principios elaborados en cooperación con Transparencia Internacional, una organización dedicada a combatir la corrupción política, que suponen la “tolerancia cero” con cualquier tipo de corrupción.
Hasta el año pasado eran sesenta y dos las empresas firmantes de la iniciativa. De acuerdo al presidente ejecutivo del Foro, Klaus Schwab, la respuesta positiva de dichas corporaciones demostró “tanto el deseo como la urgencia de hacer frente a esta cuestión”. “El compromiso de las empresas firmantes supone un paso significativo en la lucha contra la corrupción, han demostrado valor y liderazgo”, agregó el economista y líder mundial.
Entre las empresas signatarias se encuentran algunas que operan desde hace varios años en el país: Rió Tinto, Occidental Petroleum, y Newmont Mining Corporation. Esta última, es la corporación a la cual pertenece la empresa cajamarquina Minera Yanacocha y con cuya firma se obligó a si misma a enfrentar la corrupción y el soborno estableciendo las mejores prácticas y estándares a la hora de hacer negocios, además de la transparencia en todas sus acciones, contribuyendo, también de esa manera, al desarrollo económico de la región y del país.
Mientras esto sucede en el mundo, es sorprendente que en Cajamarca subsista una forma de corrupción que nadie cuestiona: en nuestra ciudad se atenta impunemente contra el prestigio y el buen nombre de cualquiera, incluso de las empresas que lideran el desarrollo de la economía mundial. Los detractores de la minería, sin ninguna prueba ni responsabilidad, hicieron cargo a Yanacocha durante la última campaña electoral, de apoyar y solventar la postulación del candidato aprista Emilio Horna. Sin embargo, ahora que el virtual ganador es su principal competidor, el empresario Marco La Torre, los calumniadores se contradicen y afirman que éste último es el verdadero “candidato de la mina”. Al final no importa quien salga elegido, los insensatos dirán que “lo puso” Yanacocha.
¿Quién los entiende? Parece que su único objetivo en la vida es atacar a una empresa que, a todas luces, no se lo merece.