La libertad de elegir

Una nota de prensa dio cuenta que un grupo de camioneros otorgó diez días de plazo a las mineras Yanacocha y Gold Fields para que cancelen sus contratos con las compañías transportistas que les brindan servicios y las reemplacen por ellos. “No es posible que dos empresas de transportes acaparen todos los servicios a las mineras”, dijo el representante de los reclamantes. El ultimátum no es broma. Hace unos días esas mismas personas bloquearon la carretera a Bambamarca con sus vehículos para demostrar que la amenaza va en serio y que están dispuestos a imponer su voluntad y su fuerza por encima de la ley y los derechos de los demás.

Es cierto, la firma de soluciones logísticas Ransa que este año cumple setenta años en el mercado y Transporte Rodrigo Carrranza S.A.C., son las dos compañías de servicios logísticos que gozan de la preferencia de las compañías mineras de la región. ¿Por qué la preferencia? Probablemente, por el servicio que brindan ambas empresas. Ransa, por ejemplo, provee agencia de aduanas, terminal de almacenamiento y transporte de carga. Trasportes Carranza, por su parte, tiene bases en toda la ruta desde Lima hasta Cajamarca, equipos de manipuleo, de embarque y desembarque, y un sistema de cómputo de alta tecnología interconectado con todas sus terminales.

Esas deben ser las razones por las que, además del sector minería y energía, también las prefieren en todo el país los sectores de consumo masivo de productos, industria y logística refrigerada y, agroindustria y pesquería. Ransa, también es solicitada por los principales operadores en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

¿Tienen derecho al trabajo el grupo de camioneros reclamantes? Por supuesto, no sólo ellos, también tienen derecho los albañiles, los carpinteros, los chóferes, los administradores y todos los peruanos en edad de trabajar. No sólo es un derecho amparado por la Constitución, también es una obligación. A lo que no tienen derecho ni ellos ni nadie, por supuesto, es a extorsionar y tratar de meterse todos por la fuerza en dos compañías mineras, ni a decidir a quién contratan o no esas empresas. En principio, porque no hay espacio para todos: un maní no pesa nada, pero igual nadie puede comerse un millón. Y luego porque las empresas también tienen derechos y el más importante de ellos es la libertad de elegir lo que más convenga al desarrollo de sus operaciones.

¿Tienen contratos de carga los camioneros locales? Si, las grandes empresas de servicios logísticos los subcontratan para ese servicio, pero a ellos no les basta. No es suficiente que, Yanacocha por ejemplo, transporte alrededor del setenta por ciento de su carga con transportistas de la zona, lo que exigen –sin ningún derecho- son contratos directos con las empresas mineras o bloquearán la carretera. Es la peruvian way, la versión peruana de “la bolsa o la vida” o “dame la billetera o te mato”.

A quién, en su sano juicio, le gustaría contratar con emprendedores que desprecian las leyes y las normas, que se resisten a entender que las relaciones de confianza en el mundo empresarial se basan en el respeto mutuo y en el acatamiento de las políticas y procedimientos de las empresas, y de ninguna manera extorsionando o ejerciendo presión para obtener contratos.

¿Y la ley, y las autoridades, y los líderes de opinión, y las instituciones serias de la región? Bien, gracias. Lo dicho: cierto sector de la población considera permisible que se bloqueen las carreteras mientras sólo se afecten los intereses de las empresas mineras y de sus trabajadores. Ese criterio persiste aun cuando la misma Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ha señalado que si bien todos tenemos derecho a protestar -con razón o sin ella-, “la toma de carreteras es un hecho ilegal y violento que todos rechazamos”.

Más allá de las consideraciones sociales que se observen en éste y en otros casos similares, es lamentable que los peruanos no logremos entender que existen tres leyes fundamentales para la sana convivencia en sociedad y alcanzar la prosperidad de nuestro pueblo: el respeto a la propiedad, la libertad de contratación, y el cumplimiento de los pactos y contratos. Donde la propiedad no tenga estabilidad, habrá continuos enfrentamientos. Donde las transacciones no se realicen con total libertad y libre consentimiento, no se desarrollará el comercio, y donde no se cumplan los pactos no se podrá hacer empresa.

Sin embargo, en nuestra región algunos malos ciudadanos, autoridades y representantes de la sociedad, insisten en dejar de lado y hacerse de la vista gorda cuando se quiebran las leyes básicas para nuestro desarrollo, y somos mudos testigos de los atropellos que se cometen a vista y paciencia de la gran mayoría de la población.

Todos queremos el desarrollo de la región y una vida mejor para nosotros y nuestros hijos. Para lograrlo necesitamos un cambio. Lo decía Einstein: Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.

Un mejor lugar para vivir

El método está de moda y se aplica en cualquier lugar del país. ¿Quiere usted un puesto de trabajo o un contrato de servicios, ganar ese juicio que ya parece perdido o que la Municipalidad le anule esas multas que usted no pagó en su oportunidad? Nada más sencillo. Ya pasaron los tiempos en los que había que tener méritos para ser contratado o que había que conducirse como un ciudadano respetuoso de las normas que rigen la vida en comunidad. Eso, como dicen ahora: “ya fue”.

Para conseguir lo que usted quiera en nuestro hermoso país -no importa si le corresponde o no, eso es lo de menos- sólo tiene que buscar unos cuantos familiares y amigos interesados, y bloquear la carretera más concurrida que encuentre a mano, lanzar piedras a la policía y poner cara de afectado social en cuanto se le acerque cualquier periodista. No hay pierde, algo conseguirá.

Para qué seguir los procedimientos formales. Eso es para los demás y usted no es cualquiera. Por qué perder tiempo y dinero en trámites que, casi siempre, son engorrosos y costosos. Y, sobre todo, por qué correr el riesgo de que no le den la razón: sus derechos son sagrados y siempre estarán muy por encima del derecho de los demás. No importa de quién o de quiénes se trate. Usted es del pueblo y eso lo resume todo.

Cuando le parezca que el concierto de la sociedad abusa de sus sagrados intereses o que no le da una oportunidad, no necesita explicaciones para bloquear la carretera de su preferencia y exigir que los demás hagan lo que a usted le parece justo o lo que le venga en gana, después de todo: la voz del pueblo es la voz de Dios.

Ese método nacional del bloqueo, por ejemplo, es el que practicaron la semana pasada algunos pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena para obligar a que la empresa minera Yanacocha los vuelva a indemnizar por un accidente de derrame de mercurio que ocurrió hace casi una década.

No tuvo la menor importancia el hecho de que hace años se hubiera llegado a un acuerdo entre partes, ni que el caso ya se ventiló en juzgados del país y del exterior, ni que la empresa minera cumpliera con los compromisos estipulados en cada convenio. Eso valió un comino.

Tampoco importó, por supuesto, que los incitadores del bloqueo fueran ex contratistas y ex trabajadores de la empresa minera sin oficio ni beneficio desde hace algún tiempo, ni la suerte de obtener un nuevo contrato de servicios en la mina. Qué pena.

Lo lamentable, sin embargo, es que nada de lo ocurrido inquietó a las autoridades o a los líderes de opinión que debieron de pronunciarse al respecto. Al parecer, cierto sector de la sociedad consideró que bloquear la carretera a la Costa, mientras sólo afectara los intereses de la compañía minera y de sus trabajadores, era un procedimiento, si no legal, por lo menos permisible.

Tuvieron que ser los mismos trabajadores de Yanacocha quienes recordaran a nuestras autoridades que tanto la compañía minera como las empresas contratistas, sus trabajadores, el pueblo de Cajamarca y todos los peruanos en general, tenemos el mismo derecho constitucional al trabajo y al libre tránsito por las carreteras y los caminos de nuestro país.

¿Qué esta ocurriendo en el Perú para que estos bloqueos sucedan a vista y paciencia de las autoridades y la población? Fácil. Ocurren dos cosas: La primera, es que algunos ciudadanos no respetan las leyes ni el Estado de Derecho debido a la ausencia de instituciones serias y autoridades responsables que atiendan las tareas para las que fueron elegidas por ese mismo pueblo que, de cuando en cuando, se comporta como si la democracia fuera un carnaval donde cada quien puede hacer lo que le viene en gana.

La segunda razón, y la más importante, también es de índole moral. En esencia, los principios de orden ciudadano y respeto a los derechos de los demás no están en las leyes ni en las instituciones o en las autoridades, sino en los valores morales de nuestra sociedad.

El problema de fondo es que hay muchos comportamientos que hoy se consideran normales y que hace poco tiempo hubieran sido vistos como despreciables. Por ejemplo, los niños y jóvenes usan lenguajes soeces, no respetan a sus padres, a sus profesores, y mucho menos a otros adultos. Nuestro pueblo trata con ligereza irresponsable las relaciones amorosas entre menores, festeja los embarazos precoces y sonríe divertido frente a las aventuras impropias de los mayores.

Por su lado, los conductores no respetan a los peatones, ya no se toma de la mano a las ancianas para ayudarlas a cruzar la calzada ni se cede el asiento a las damas o a los mayores en el microbús. No se tiene consideración por el más débil, la viuda o el niño huérfano. Los hombres de nuestra época han perdido la caballerosidad.

¿Parece desubicado hablar de estos temas en pleno siglo XXI? Puede ser. No obstante, estoy seguro de que las autoridades y las leyes por si solas no nos van a civilizar ni van a definir nuestro comportamiento y de que si los valores morales fueran la primera línea de defensa de nuestra sociedad, nuestro país sería un mejor lugar para vivir.

Mientras no respetemos ni hagamos respetar las leyes, mientras las autoridades sean incapaces de garantizar el orden y el respeto por el Estado de Derecho y no hagamos nuestros los valores morales de una sociedad civilizada, los bloqueos de carreteras y otras acciones peores, por el motivo que sea, van a continuar.