Esta tarde ocurrió un confuso incidente en el que resultó herido de bala el policía Alberto Cieza Rojas, miembro de la seguridad del presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, Goyo, por un grupo de desconocidos en Jaén. Las versiones publicadas a través de la prensa no fueron claras respecto a las circunstancias en que ocurrió el supuesto atentado. Se espera que las investigaciones revelen en las próximas horas los detalles de este lamentable hecho.
Probablemente la confusión se inició cuando el abogado de Goyo, Wilfredo Chero, denunció un intento de homicidio contra la autoridad regional culpando del delito, sin ninguna prueba, a la empresa Newmont, socia de la compañía Yanacocha. De su lado, Goyo enmendaba la plana a su representante legal señalando que el ataque fue directamente contra su agente de seguridad por trabajar para él. “Te vamos a matar por estar cuidando a Goyo”, habría sido la amenaza de los supuestos criminales, escribió Santos en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gerente general de Yanacocha, Javier Velarde, rechazó inmediatamente la acusación de Chero. “Es condenable el ataque del que ha sido víctima un miembro de seguridad de Gregorio Santos. Pero tenemos que condenar también esa acusación tan irresponsable que ha formulado el abogado Wilfredo Chero al tratar de vincularnos a un hecho de esta naturaleza”, dijo Velarde. “Invoco al Gobierno Regional y al señor Wilfredo Chero a no hacer estas acusaciones que comprometen no solo a la reputación de la empresa, sino que crean una sensación de malestar e incertidumbre en Cajamarca”, añadió el alto ejecutivo, a la vez que pidió a la Policía Nacional realizar las investigaciones del caso y sancionar drásticamente a los responsables.
¿Por qué el abogado de Goyo, un experto en leyes que sabe muy bien que no se puede acusar a nadie de un delito tan grave sin tener pruebas, se apresuró a realizar una imputación de esa naturaleza? Fácil. Esta incriminación no es un hecho aislado. Es parte de un proceso deliberado y sostenido de los opositores a la actividad minera para destruir la credibilidad de Yanacocha. Tiene un nombre, los periodistas y los sociólogos lo llaman: “El asesinato de reputación”. La estrategia es sencilla. Los promotores del asesinato de reputaciones para lograr sus fines emplean una combinación de métodos abiertos y encubiertos como son la formulación de acusaciones falsas, fomento de rumores y la manipulación de informaciones.
El asesinato de reputación, dice un ensayista cubano, persigue la finalidad de anular la capacidad de influencia de la víctima, sean personas, empresas o instituciones, para silenciar su voz y lograr su rechazo por la colectividad. Al transformar a sus víctimas en impresentables ante la sociedad, las hacen vulnerables a abusos aún más graves como pueden ser los bloqueos de carreteras, ataques a sus instalaciones, el rechazo a su legitimo derecho de desarrollar sus operaciones en una región, la expropiación de bienes, y el repudio de todo el grupo social al que pertenecen. Los prejuicios sociales sembrados contra la víctima terminan por arraigarse gradualmente en la memoria social colectiva y las personas los aceptan como la historia verdadera haciéndose con el tiempo muy difícil de revertir.
Lamentablemente, esa estrategia perversa de inventar historias, mentir, e irrespetar el estado de derecho, que vienen aplicando los opositores a la minería, no sólo está afectando el normal desarrollo de toda la actividad económica en la región. También es la culpable de los males más profundos que están atacando a nuestra sociedad. La absoluta indiferencia por la búsqueda de la verdad y la impunidad con que se irrespetan las leyes, sobre todo por nuestras principales autoridades, viene siendo la causa fundamental del avance de la delincuencia que ya viene cobrando la vida de cuatro humildes taxistas en tan solo las tres últimas semanas.
El crimen es el resultado inevitable en las ciudades donde prevalece el caos y son las mismas autoridades las promotoras del desorden y la desobediencia de la ley. Cuándo entenderán nuestras autoridades del Gobierno Regional que ellos fueron elegidos para solucionar problemas, no para crearlos ni agravarlos.
