El ultimátum ha sido claro, Minera Yanacocha y la sociedad cajamarquina están advertidas: Si la Mina no acepta las exigencias de un grupo de ex contratistas de Chanta Alta, éstos –con la ayuda de algunos pobladores- volverán a bloquear la carretera que conduce a la calera China Linda, dañarán la propiedad de la empresa minera y se enfrentarán –otra vez- con hondas y piedras a la Policía Nacional.
¿Cumplirán con su amenaza? Es probable. Ya demostraron que están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener un beneficio. En junio de 2007, cuando tenían una empresa quebrada y un contrato arruinado con Yanacocha, lo hicieron para que la Mina aceptara pagar las deudas de sus malos manejos administrativos y les volviera a dar un contrato.
El argumento, en aquella oportunidad, fue que se trataba de un problema social: “pobrecitos los trabajadores que se quedan sin pago y sin trabajo”. Ante la negativa de la minera, los responsables -sin huella de hemoglobina en el rostro- dijeron que la compañía no tenía conciencia social. Por supuesto, ellos mismos y otros miembros de la sociedad, especialmente sensibles cuando se trata del bolsillo ajeno, invocaron el diálogo para buscar un acuerdo conciliado al santificado “conflicto social”.
¿Conciliar qué? ¿Desde cuándo ha sido motivo de conciliación la firma de un contrato privado y asumir generosamente las deudas de una partida de empresarios irresponsables que no cumplieron con pagar a sus proveedores, ni cancelar las remuneraciones y derechos laborales de sus trabajadores, y que finalmente manejaron mal su compañía e hicieron de su cuenta bancaria un fondo personal?
Esos mismos ex contratistas reaparecieron hace un par de semanas bloqueando la misma carretera, invadiendo la misma propiedad privada y volviéndose a enfrentar con las fuerzas del orden. En esta oportunidad arguyeron el incumplimiento de un compromiso de Yanacocha, sabiendo muy bien que se trata de un convenio entre la empresa minera y la Municipalidad de Chanta Alta. La Mina cumplió con entregar el dinero ofrecido, en su oportunidad, y el Concejo, que tenía a cargo la ejecución del proyecto, no cumplió con los plazos acordados ni dio ninguna explicación al respecto.
Al tema, le añadieron un argumento de refuerzo: la Mina “no hace nada” por el desarrollo de la zona. Los ex contratistas no esperaban, claro, que la Mina publicara en los medios de prensa locales una relación de las numerosas obras que ha realizado en el Alto Llaucano, desmintiendo de esa manera a los revoltosos.
En esta oportunidad también se exigió diálogo para conciliar. ¿Conciliar qué? Vaya uno a saber. Yanacocha aceptó conversar. El día de la reunión, los ex contratistas, rodeados de treinta campesinos, se presentaron con una agenda de negociación de seis puntos. Lamentablemente, nunca pasaron de exponer los dos primeros porque condicionaron el diálogo de los cuatro puntos restantes a que Yanacocha aceptara esas dos exigencias: una, que no se les denuncie por bloquear la carretera, invadir propiedad privada y agredir a la Policía Nacional, y la otra, que la minera afronte los gastos médicos de un campesino herido en su guerrita particular.
La Mina, esa terca empresa privada, no aceptó las dos condiciones innegociables ¿Por qué? Simple. Porque bloquear la carretera pública no fue una falta a los estrictos procedimientos que Yanacocha emplea en su operación, sino, un delito comprobado contra el Estado Peruano que, de acuerdo a ley, debe sancionarse con prisión efectiva en un penal, y con el cual, al igual que con la demora del Concejo de Chanta Alta en la ejecución del convenio, la Mina no tiene nada que ver.
Asimismo, los revoltosos no sólo invadieron propiedad privada y quemaron un contenedor de Yanacocha valorizado en miles de dólares, y que a criterio de los invasores es un hecho sin la menor importancia, sino que también le prendieron fuego el valioso contenedor de una empresa contratista cajamarquina que, con toda razón, demandará una reparación económica por el daño que le han causado los instigadores del asalto.
Y por último, porque la agresión física cometida por el grupo de campesinos dirigidos por sus malos líderes –plenamente identificados- no fue contra una máquina de acero sino contra los agentes de carne y hueso de la Policía Nacional que resultaron heridos y que no repelieron a los invasores hasta que tuvieron que defenderse del ataque brutal. La institución policial y la Fiscalía actuarán de acuerdo a sus procedimientos para estos casos, y la Mina no tiene ningún derecho a intervenir.
Con respecto al campesino herido, su situación es ciertamente lamentable, él cabalgó gratuitamente contra la Policía y en su loca huida, después de su absurda embestida, se cayó del caballo y se golpeó la cabeza ¿Quién debe afrontar los gastos de su atención médica? ¿El Policía que fue embestido? ¿Yanacocha que no tiene tratos ni contratos con el accidentado? ó ¿Los organizadores del despelote que ya son grandecitos y deben afrontar las consecuencias de su reprochable actuación?
Esa es la situación en este momento. La Policía Nacional, la Fiscalía de Cajamarca, la Defensoría del Pueblo y la sociedad entera están enteradas de lo que ha sucedido y deben proceder en consecuencia. La advertencia que han hecho pública los ex contratistas de Chanta Alta es para todos: “guerra avisada no mata gente”.
